El COCARMI informa que la Generalitat debe más de 82 millones de euros a las entidades catalanas de la discapacidad

BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, Y EMPRESA Y OCUPACIÓN ENCABEZAN LA LISTA DE “MOROSOS”, SEGÚN INDICA EN EL COMUNICADO QUE HAN EMITIDO
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), máximo representante del movimiento asociativo de la discapacidad en Cataluña, del cual forma parte la Confederación ECOM Cataluña, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en que informa que la deuda acumulada por la Generalitat desde el ejercicio 2011, con las entidades que trabajan con las personas con discapacidad, calculan que supera los 82 millones de euros. De esta cifra, la mayor parte de la deuda, casi 41 millones, corresponde en programas del departamento de Bienestar Social relacionados con subvenciones para el mantenimiento de las entidades y la concertación de plazas de residencia, hogares-residencia, apoyo para la autonomía al propio hogar, centros de día... El segundo lugar del ranking lo ocupa el departamento de empresa y Ocupación, que acumula una deuda de 38,6 millones de euros, vinculados en programas y servicios que favorecen la inserción laboral de las personas con discapacidd, tanto al mercado de trabajo ordinario (el Programa de Orientación y Acompañamiento a la Inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental (POIN) y el programa de Trabajo Con Apoyo (TAS), son los principales) cómo al mercado protegido a través de los Centros Especiales de Trabajo (CETs).
El comunicado informa también que otras deudas corresponden a los departamentos de Enseñanza (1,8 millones de euros), Salud (casi 1,1 millones de euros) y Justicia (56.262 euros), seguidos de Presidencia e Interior. Las deudas se pueden resumir en la siguiente mesa: 2011: 2.907.971,03€ 2012: 7.787.776,70€ 2013: 12.206.039,88€ 2014: 31.320.938,89€ 2015: 28.219.263,02€.

El presidente del COCARMI, Antonio Guillén, explica que "desgraciadamente, esto está teniendo como consecuencia una reducción de los servicios, la pérdida de calidad de estos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de listas de espera, unas mayores cargas para las familias, limitar la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad".
Guillén lamenta que "los adelantos conseguidos en las últimas décadas por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, después de mucha lucha, se están diluyendo" y añade que, de continuar así, "costará muchos años volver a los niveles de servicios anteriores a la crisis", unos niveles que, a pesar de no ser los ideales, "fueron toda una conquista". El COCARMI envió en marzo una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en que le recordaba la grave situación financiera que arrastran las entidades y las personas con discapacitado desde que estalló la crisis. Esta nueva reclamación, que encara no ha obtenido respuesta, se suma a la del pasado mes de octubre, cuando se anunció un nuevo aplazamiento parcial de los pagos, y en la cual ya se denunciaba que se ponía en riesgo la calidad de los servicios y, incluso, podía llevar al cierre de entidades. A la vez se pedían vías de financiación en condiciones favorables y que la Generalitat asumiera el coste financiero derivado de los impagos. Ante esta situación, el COCARMI continúa pidiendo un calendario de pagos y recuperar la normalidad para continuar trabajando plegados en el desarrollo de políticas de inclusión para las personas con discapacidad y/o trastorno mental de Cataluña.