ECOM considera que el copago no ha de ser la solución al mantenimiento del Estado de Bienestar

ECOM, representante del colectivo de personas con discapacidad física de Catalunya, quiere poner de manifiesto su preocupación por los posibles incrementos en los copagos por parte de los ciudadanos para acceder a los Servicios Sociales, que anunció el pasado martes la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalidad de Cataluña, Neus Munté, como medida para garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar.

ECOM ve con escepticismo la nueva Ley de Protección Social en el que Munté anunció que el Gobierno está trabajando y recibe con preocupación el anuncio de que la voluntad del Gobierno es hacer sostenible las políticas sociales aumentando la corresponsabilidad de los ciudadanos y aumentando los copagos para acceder a las prestaciones y/o servicios sociales. “En un momento en que los ciudadanos cuentan cada día que pasa con menos recursos y tienen más necesidad, creo que no es justo ni adecuado plantear un aumento de los copagos”, afirma. "Antes de llegar a hacer estos planteamientos, pienso que debería analizarse qué distribución hace de los recursos de la Administración Pública y qué se prioriza", añade. "Estoy convencido de que antes del copago debe haber otras alternativas posibles que no repercutan en los más necesitados", constata.

ECOM pide al Gobierno que se mantenga el equilibrio necesario entre la sostenibilidad del sistema y la calidad de la atención, y que se garantice el apoyo adecuado a aquellas personas que lo necesitan. Como representante de las personas con discapacidad física, ECOM quiere recordar al Gobierno que este colectivo tiene un agravio económico comparativo de más de un 450% del IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia) con el resto de la ciudadanía por sobrecoste que supone vivir con una discapacidad. Por ECOM esta circunstancia no puede ser olvidada ni pasada por alto a la hora de establecer los copagos. Es necesario que el Gobierno tenga en cuenta las realidades y dificultades de cada colectivo y que preserve la universalidad de los servicios públicos.

El anuncio de esta nueva Ley de Protección Social ha cogido por sorpresa a ECOM. Para el presidente de ECOM parece evidente que en estos momentos la prioridad del Gobierno no debería ser iniciar los trámites de una nueva ley sino buscar soluciones para saldar la deuda que tiene con las entidades sociales, que asciende los 400 millones de euros. Debido a estas deudas, las entidades estamos trabajando en situaciones muy precarias en un momento en que la demanda y la necesidad ciudadana son mayores que nunca.