Derecho al trabajo
El acceso al trabajo es fundamental para la autonomía de las personas y su independencia económica. En el caso de las personas con discapacidad, es además una vía que promueve nuestra dignidad y que nos conduce a la inclusión social.
Todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tenemos derecho a trabajar, si queremos y estamos en disposición de hacerlo.
Defendemos el derecho al trabajo de las personas con discapacidad física, en igualdad de condiciones que el resto de personas, entendido como el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado libremente en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles.
Priorizamos el empleo de las personas con discapacidad física en el mercado de trabajo ordinario, para favorecer su proceso de normalización e inclusión social. Sin embargo, también reconocemos el rol del mercado de trabajo protegido como una alternativa para algunas personas, de acuerdo con sus necesidades.
Entendemos que la inclusión laboral de las personas con discapacidad solo es posible si hay un marco legislativo favorable y al mismo tiempo si existe el compromiso de todos los agentes implicados: administración, empresas y sindicatos. Actualmente, pero, a pesar de la existencia de diferentes marcos legislativos a nivel europeo y nacional para favorecerla, la inclusión laboral de las personas con discapacidad dista de una situación de igualdad respecto al resto de población.
Creemos necesaria una voluntad política de hacer efectivas las medidas de discriminación positiva y de dar a conocer las posibilidades de aportación laboral y de productividad de las personas con discapacidad para eliminar los prejuicios y obstáculos que dificultan su contratación.
(Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006).