Elecciones 23J: ECOM nos sumamos a las demandas que hace el CERMI a los partidos políticos para favorecer la igualdad de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad

De cara a las elecciones estatales del 23J, ECOM nos sumamos a las demandas que el CERMI estatal ha realizado a los partidos políticos en materia de derechos, inclusión y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Demandas que ha reunido en un documento de propuestas que ha hecho llegar a todos los partidos políticos pidiendo que las incluyan en sus programas electorales.

La primera petición fue que incluyan en las candidaturas y en la campaña electoral a personas con discapacidad en posiciones de salida, es decir, que fomenten la participación política así como la defensa de los derechos y el bienestar en primera persona.

Tal y como explica el CERMI, el principio orientador de este documento de propuestas ha sido la accesibilidad universal, entienden que ésta es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos , herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

El documento incluye también un apartado específico sobre mujeres y niñas con discapacidad y madres cuidadoras, apartado en el que incluye como propuesta elaborar durante el primer año de la nueva legislatura una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como la revisión del ordenamiento jurídico por prohibir y suprimir prácticas contrarias a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Otro de los ejes tratados son los derechos sociales de las personas con discapacidad. En este sentido, el CERMI apuesta por la aprobación de una Ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales, que asegure para toda la ciudadanía una cobertura social suficiente y la aprobación de una Ley de Protección de Familias, que ordene , sistematice, actualice y amplíe el apoyo de todo tipo que las familias reciben de los poderes públicos.

Otras demandas en relación con los derechos que también se han incluido son: aumentar en la próxima legislatura hasta el 50% de la tasa de actividad de las personas con discapacidad, aprobar una ley estatal de emprendimiento social, modificar la Ley Orgánica de 'Educación y su normativa de desarrollo para establecer en la legislación educativa el derecho a la educación inclusiva de calidad.

Asimismo, han solicitado crear en el seno del Ministerio de Educación la Delegación del Gobierno para la Inclusión Educativa, alcanzar un Pacto de Estado en materia de dependencia y autonomía personal a partir del cual replantear la Ley 29/2006 regula este dispositivo de protección social, actualizar la legislación sobre derecho a la salud, atención sanitaria y cohesión social y calidad del correspondiente sistema nacional y creación de un Fondo de Cultura Inclusiva que se nutra de las aportaciones correspondientes al 1% de todas las partidas de Presupuestos Generales del Estado destinadas a materias culturales.