RADAR ECOM 2023: el derecho a la movilidad y el derecho a la accesibilidad vuelven a encabezar el ranking de derechos más vulnerados
Consultad en nuestra web la que es ya la 4.ª edición de nuestro informe anual de vulneraciones de derechos a las personas con discapacidad física y/u orgánica, que publicamos anualmente.
El informe Radar ECOM 2023 ha analizado un total de 226 vulneraciones de derechos, que ECOM detectamos a través de nuestro servicio de consultas (100 vulneraciones) y a través de la encuesta de vulneraciones de derechos que realizamos anualmente (126 vulneraciones). El 44% de estas vulneraciones detectadas están relacionadas con la movilidad y la accesibilidad, lo que pone en evidencia que la accesibilidad es la gran problemática que dificulta y/o priva que las personas con discapacidad física y/u orgánica puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, además que es una problemática que está presente de manera transversal en todos los derechos analizados.
De las 226 vulneraciones detectadas, el 67% han tenido lugar en la provincia de Barcelona, el 15% a la de Tarragona, el 7% a la de Lleida y el 6% a Girona.
En cuanto al género, el 52% de las personas que han sufrido estas vulneraciones son mujeres, el 42% hombres, un 2% son personas no binarias, y de un 4% de las personas se desconoce este dato. En cuanto a la edad, las franjas de edad más afectadas por las vulneraciones de derechos son de 35 a 49 años (32% de las vulneraciones) y de 50 a 64 años (de 50 a 64 años). En el informe se ha observado también que las personas con más estudios son las que más vulneraciones han sufrido, dato que nos hace pensar que muy posiblemente cuántos más estudios se tienen más herramientas y conocimientos tiene la persona para identificar las vulneraciones que se sufren así como para hacer valer sus derechos.
Los tres derechos más vulnerados: derecho a la movilidad y el transporte, derecho a la accesibilidad y derecho a la vivienda
En el informe Radar ECOM 2023 los tres derechos más vulnerados han sido el derecho a la movilidad y al transporte (27% de las vulneraciones detectadas); el derecho a la accesibilidad (17%); y el derecho a la vivienda (16%). Hay que hacer mención que en los tres derechos las principales problemáticas detectadas tienen que ver con la carencia de accesibilidad, poniéndose en evidencia que la accesibilidad es una problemática transversal que afecta a todos los ámbitos de la vida de una persona.
Destacar también que el derecho a la movilidad y el transporte, y el derecho a la accesibilidad repiten por tercer año consecutivo en el ranking de los tres derechos vulnerados. El único informe en que no estuvieron dentro de este ranking fue el primer Radar ECOM, porque se realizó en el año de la pandemia, cuando las personas no podían salir a la calle.
Una novedad del informe Radar ECOM 2023 es que el derecho a la vivienda ha entrado por primera vez en el ranking de los tres derechos más vulnerados (un 16% de las vulneraciones analizadas), ocupando la tercera posición. Respeto el informe Radar ECOM 2022, las vulneraciones en relación al derecho a la vivienda han aumentado 7 puntos porcentuales. Con esto se pone en evidencia que la dificultad para acceder a una vivienda digna que afecta al global de la población –siente hoy una de las problemáticas sociales más grandes– también afecta a las personas con discapacidad física y/u orgánica y, de hecho, la problemática es más complicada todavía pues no tienen solo la necesidad de poder encontrar una vivienda asequible sino que también tiene que ser accesible, y el parque disponible de vivienda accesible en Cataluña es muy reducido.
Este hecho es muy preocupante porque si no es posible acceder a una vivienda, las personas con discapacidad física y/u orgánica se pueden ver abocadas a tener que vivir en centros residenciales cuando quizás su deseo es vivir de forma independiente dentro de la comunidad, un derecho que los es reconocido a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Así mismo la carencia de vivienda accesible y asequible acontece un freno para el desarrollo de las estrategias de desinstitucionalización que las Administraciones públicas dicen querer impulsar.
La Administración pública sigue siendo la principal vulneradora de derechos
La Administración pública sigue siendo un año más la principal vulneradora de derechos, en los 66% de los casos analizados, una cifra que está 7 puntos porcentuales respeto los datos del año anterior.
En segundo lugar de los agentes vulneradores encontramos las empresas y entidades privadas (entendiendo empresa como aquel espacio donde se lleva a cabo una actividad profesional, así como prestaciones de bienes y servicios, como pueden ser los mercados, los comercios y la restauración) con el 25%, seguido de los particulares con el 9%.
Los principales lugares donde se han producido vulneraciones de derechos son los espacios y las instalaciones públicas, que concentramos más del 80% de los casos, hecho que supone un incremento de más del 20% respeto en 2022. Entendemos por estos espacios los edificios de atención presencial y también las diferentes páginas web y plataformas telemáticas existentes. Por el contrario, los espacios donde menos vulneraciones hemos detectado han sido los espacios privados.
Más de la mitad de las vulneraciones sufridas no se denuncian
Un año más se ha constatado que la infradenuncia es un problemática persistente, dado que de las 226 vulneraciones analizadas se han contabilizado 75 que no se han denunciado. Hay que hacer constar, que este 2023 solo se disponía de información sobre si la denuncia se había denunciado o no de un total de 147 vulneraciones (de las 79 restantes hasta las 226 vulneraciones totales que se han analizado no constaba este dato).
Un dato positivo, es que respete el 2022, ha habido un aumento del 7% en el número de vulneraciones denunciadas.
Se evidencia también en el análisis de la infradenuncia que a menudo muchas personas no son conscientes que se los está vulnerando un derecho porque en la encuesta de vulneraciones responden no a la casilla de si han sufrido alguna vulneración de derechos pero posteriormente en el relato de situaciones vividas queden en evidencia situaciones en que sí se le han vulnerado los derechos. Esto hace patente que continúa habiendo personas que no tienen las herramientas necesarias para identificar las vulneraciones ni bastante conocimiento de cuáles son sus derechos, cosa que los sitúa en una situación de indefensión.