ECOM y DINCAT piden más protección para las persones con discapacidad y más apoyo a las entidades por la pandemia

Ante la situación generada por la pandemia de la COVID-19 y la declaración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia en qué confirmaban que solo podrán abastecer los centros residenciales con material de protección, ECOM y DINCAT piden que se refuerce la protección para las persones con discapacidad

Las dos principales organizaciones de la discapacidad en Cataluña, ECOM y DINCAT, reclaman, en un comunicado de prensa conjunto, que se abastezca de EPIs y tests de detección rápida tanto a los servicios residenciales como a los servicios de atención domiciliaria para las persones con discapacidad. Puesto que, tal como afirman en el documento, “todas las personas tienen derecho a la salud y no se les puede dar un trato desigual”.

Las entidades alertan que las condiciones en que se está prestando la atención a las personas con discapacidad se poden calificar “de inseguridad sanitaria”, especialmente en la atención domiciliaria en que, o bien no se utiliza material, o bien el material que se utiliza no está homologado. También preocupa que no se está priorizando la atención sanitaria y social de las personas con discapacidad cuando este es “un colectivo especialmente vulnerable” y, ante un posible colapso, se muestran inquietos por el hecho que se pueda llegar a discriminar alguien por razón de su discapacidad.

Por otro lado, tal como afirman en el comunicado, las entidades están “ahogadas económicamente por una infrafinanciación crónica por parte de la Administración des de hace diez años”, con lo cual “no están en condiciones de asumir más costes económicos”. Es por este motivo, que reclaman el apoyo de la Administración Pública, para hacer frente a la pandemia tanto en el ámbito económico, como en el ámbito sanitario, con tal de garantizar la salud de los profesionales y de las personas que atienen.

Ante esta situación, ECOM y DINCAT solicitan al Gobierno que se empiece a articular un plan de choque para minimizar este impacte en las entidades del sector y las personas con discapacidad y muestran su queja por el recorte del gobierno español de 215 millones de euros del fondo que recibe la Generalitat, en cuanto a políticas activas de ocupación y lo instan a rectificar.