Protección Social
Defendemos nuestro derecho a la protección social y a un nivel de vida adecuado en igualdad de condiciones. Entendemos la protección social como un sistema de garantías, apoyos, recursos y servicios que debe permitir a las personas con discapacidad ejercer nuestros derechos, desarrollar nuestros proyectos de vida y participar plenamente en la comunidad.
La protección social no es asistencia ni caridad, ni debe generar dependencia. Debe ser una herramienta para promover la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación, compensando las desigualdades estructurales y los sobrecostes asociados a la discapacidad.
Reivindicamos un sistema que garantice los apoyos necesarios para vivir de manera independiente y decidir dónde, cómo y con quién vivir. Esto implica reconocer y compensar el sobrecoste económico asociado a la discapacidad física y orgánica, incluyendo, entre otros, los productos de apoyo, la asistencia personal, la atención a la salud, las dietas específicas, la vivienda y la movilidad accesibles.
La protección social debe garantizar también unos ingresos suficientes cuando sean necesarios para prevenir situaciones de pobreza o exclusión y asegurar unas condiciones de vida dignas. Estas garantías deben favorecer la autonomía y ser compatibles con el empleo y la participación social.
Defendemos que trabajar nunca comporte una pérdida automática de derechos o apoyos. Las prestaciones y ayudas deben ser compatibles con el empleo y ajustarse de forma progresiva, evitando situaciones que desincentiven la incorporación o permanencia en el mercado laboral. El derecho al trabajo y el derecho a la protección social deben complementarse y reforzarse mutuamente.
Rechazamos que el acceso a los apoyos dependa exclusivamente del grado de discapacidad o de categorías administrativas. Las respuestas deben adaptarse a las necesidades, circunstancias y preferencias de cada persona, desde un modelo flexible y personalizado que permita mantener el control sobre las decisiones que afectan a nuestra vida.
Las políticas de protección social deben incorporar una perspectiva de género interseccional y dar respuesta a las situaciones de mayor pobreza, precariedad y dependencia económica que afrontan las mujeres y niñas con discapacidad.
Reclamamos una protección adecuada a lo largo de todo el ciclo de vida, incluida una vejez digna, garantizando la continuidad de los apoyos y evitando que envejecer con una discapacidad o adquirirla con la edad conlleve una pérdida de derechos. Asimismo, deben contemplarse mecanismos de jubilación anticipada cuando las circunstancias asociadas a la discapacidad lo justifiquen.
Reclamamos el acceso a una vivienda asequible y accesible como elemento indispensable para la vida independiente, así como procedimientos simples y accesibles para acceder a los derechos, prestaciones y servicios, eliminando barreras administrativas y burocráticas.
Reivindicamos también la protección social de las personas del entorno cuidador, mayoritariamente mujeres, evitando que los cuidados comporten pobreza, exclusión laboral o desigualdad de género y avanzando hacia una mayor corresponsabilidad social de los cuidados.
Exigimos un sistema de protección social público, estable, suficiente y sostenible, orientado a garantizar derechos, autonomía e igualdad de oportunidades y construido con la participación activa de las personas con discapacidad.
Aquest posicionament està vinculat a l'Artículo 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006.