Accesibilidad
Entendemos la accesibilidad universal como un derecho y una condición indispensable para ejercer el resto de los derechos en igualdad de condiciones. Debe estar presente en todos los ámbitos de la vida - la vivienda, el espacio público, la movilidad, la educación, el trabajo, la salud, la cultura, el ocio, la información, la comunicación y los entornos digitales - y garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida.
Desde una perspectiva anticapacitista, entendemos que las barreras no están en las personas, sino principalmente en unos entornos, productos, servicios, sistemas y actitudes que no han sido diseñados teniendo en cuenta la diversidad humana. Avanzar en accesibilidad implica identificar, eliminar y prevenir estas barreras y transformar las estructuras que generan exclusión y desigualdad.
Defendemos la accesibilidad universal como un principio que beneficia al conjunto de la sociedad y contribuye a crear entornos, productos y servicios más seguros, comprensibles y utilizables por todas las personas. La accesibilidad debe incorporarse desde el inicio mediante el diseño universal y no abordarse únicamente a través de adaptaciones posteriores. Cuando el diseño universal no sea suficiente, deben garantizarse los ajustes razonables necesarios.
La accesibilidad debe entenderse como una cadena de elementos interrelacionados que no puede romperse. Una solución parcialmente accesible puede impedir igualmente el ejercicio de un derecho. Por eso, las actuaciones deben contemplar de manera integral todo el recorrido, servicio o experiencia y desarrollarse de manera coordinada entre las administraciones públicas, las empresas y el resto de agentes implicados.
Exigimos el cumplimiento efectivo de la normativa de accesibilidad y mecanismos adecuados de control, seguimiento y sanción ante los incumplimientos. Asimismo, las normas y políticas públicas deben revisarse y actualizarse cuando no permitan responder adecuadamente a las necesidades y a la evolución de la sociedad, la tecnología y los entornos.
La accesibilidad debe abordarse de manera transversal en todas las políticas públicas y contar con recursos, planificación, plazos y mecanismos de evaluación que permitan avanzar de manera efectiva en la eliminación de las barreras existentes y evitar la creación de otras nuevas.
Las personas con discapacidad debemos participar en primera persona y ejercer un papel activo en la planificación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y actuaciones en materia de accesibilidad. Nuestra experiencia y conocimiento son imprescindibles para identificar las barreras y construir soluciones que respondan a la diversidad de la ciudadanía.
Garantizar la accesibilidad no es facilitar nuestra participación, sino hacer efectivo nuestro derecho a participar. Sin accesibilidad no hay igualdad de oportunidades, autonomía ni ejercicio pleno de derechos.
Este posicionamiento está vinculado al Artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006.