ECOM nos adherimos al manifiesto por la vivienda digna y para combatir la precariedad juvenil

ECOM, como entidad del tercer sector social de Cataluña y como movimiento que lucha por los derechos de las personas con discapacidad física, nos hemos adherido al manifiesto por una vivienda digna y para combatir la precariedad juvenil, que ha impulsado el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, ante la situación agraviada por la COVID-19

Desde la entidad, consideramos que la crisis de la vivienda es una problemática que afecta a toda la sociedad y comporta que el derecho a la vivienda no se garantice a toda la población. Las personas en una situación más vulnerable son las que se ven más afectadas por esta crisis, sean jóvenes o personas con discapacidad. Esta situación es especialmente grave, puesto que sin un derecho a la vivienda efectiva tampoco se pueden garantizar otros derechos, como el derecho en la vida independiente dentro de la comunidad de las personas con discapacidad.

Según el manifiesto, en Cataluña, los precios de los alquileres han aumentado un 35,6% entre los años 2013 y 2019, un hecho que ha afectado especialmente a las personas jóvenes, ya que el 80% de los hogares jóvenes son de alquiler. En este sentido, el manifiesto establece que "la precariedad juvenil, el aumento de precios de alquiler y la falta de políticas públicas provocan que el 56% de las jóvenes sufran desahucios silenciosos". Así mismo, afirma que los y las inquilinas más jóvenes tienen que destinar una media del 120% del salario para poder pagar la vivienda (cuando las recomendaciones internacionales explican que solo se tendría que destinar un máximo del 30% de la renta de la vivienda).

A esta situación se le tiene que sumar el contexto actual de la COVID-19, porque tal como asegura el manifiesto las circunstancias han empeorado con la pandemia, puesto que el paro de los y las jóvenes está llegando a los peores momentos con un 33,8% de parados.

Estas son las soluciones que se reclaman en el manifiesto: 

• Consolidar la última reforma sobre el tope de precios de alquiler y promover y realizar nuevas reformas legislativas complementarias para regular los precios de alquileres, para reducir las garantías adicionales y los abusos, y para facilitar a la vez la estabilidad y la flexibilidad que piden los proyectos de vida de las jóvenes. 
• Parar todos los desahucios, hasta que se ponga fin en el estado de alarma. Ante el Decreto de desahucios que hizo público el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, exigimos que se haga efectiva la Ley 24/2015 y el Decreto 17/2019. 
• Generar información y aumentar la dotación de recursos de las oficinas de vivienda, para garantizar el asesoramiento y defensa de las jóvenes inquilinas. Incorporar la existencia de recursos y herramientas en defensa contra la discriminación en materia de vivienda el acoso inmobiliario y los abusos (sobreprecio que incumpla la nueva ley catalana, no retorno de las fianzas, carencia de información, cláusulas abusivas, no realización de las obras de conservación, etc.). 
• Articular un verdadero sistema de políticas públicas de vivienda destinadas a las jóvenes. Priorizando las políticas de alquiler. Aumentando de forma sustancial y decidida el parque asequible protegido de alquiler permanente, destinando el 30% de la Vivienda Pública al colectivo joven, y recuperando la Renta Garantizada de Emancipación. 
• Garantizar de forma efectiva, a través de todas las medidas propuestas, el cumplimiento de los siguientes objetivos: (a) Un aumento de la tasa de emancipación de las jóvenes y del acceso de las jóvenes a la vivienda de protección oficial de alquiler, (b) una reducción sustancial de los ingresos destinados al alquiler y de los abusos, (c) la equiparación de las ayudas actuales al peso real de las jóvenes inquilinas y de forma correlativa a sus dificultades extras para acceder a la vivienda, (d) la reducción de las ayudas familiares para costear la vivienda, (e) la reducción de la preocupación de las jóvenes por los aumentos de precios y los cambios de vivienda obligados (desahucios silenciosos), así como que (f) el motivo de no emancipación sean los recursos económicos.