ECOM celebramos la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social de Cataluña: un paso histórico que ahora hay que desplegar

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este 20 de mayo la nueva Ley del Tercer Sector Social, un hito histórico largamente reivindicada por el conjunto del sector e impulsada por la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y La Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, espacios de los cuales ECOM formamos parte activa y desde los cuales hemos trabajado conjuntamente para hacer posible esta ley.

Desde ECOM celebramos la aprobación de un marco legal que reconoce, por primera vez, el papel esencial de las entidades sociales como agentes clave en la garantía de derechos, la inclusión y la cohesión social. La nueva normativa mujer cobertura y reconocimiento además de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro que, en todo el territorio, acompañan más de 2 millones de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Esta ley representa un adelanto importante porque refuerza el reconocimiento institucional del tercer sector social, promueve una relación más equilibrada con las administraciones públicas y crea mecanismos estables de participación e interlocución, como el futuro Consejo de Diálogo Civil. También pone las bases para avanzar hacia una mayor estabilidad y sostenibilidad del sector y para mejorar las condiciones laborales de las profesionales que trabajan.

Las entidades del tercer sector social desarrollamos una función de servicio público imprescindible, especialmente en el acompañamiento a colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas con discapacidad. Esta ley reconoce esta tarea y el conocimiento experto acumulado por las entidades a lo largo de décadas de trabajo comprometido con los derechos sociales.

Aun así, desde ECOM queremos remarcar que la aprobación de la ley no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Ahora hace falta que el Gobierno y las administraciones públicas la desplieguen con ambición, recursos y compromiso político porque se traduzca en mejoras reales para las entidades y, sobre todo, para las personas a quienes acompañamos.

El reto empieza ahora: hacer efectivo este nuevo marco legal a través de políticas públicas concretas, una concertación social real, una financiación estable y suficiente y mecanismos que refuercen la capacidad de acción del tercer sector social para continuar defendiendo derechos y construyendo una sociedad más justa e inclusiva.